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La acusacin pide a la juez del 8-M que impute a Fernando Simn por "flagrante dejacin de funciones"
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La acusacin pide a la juez del 8-M que impute a Fernando Simn por «flagrante dejacin de funciones»


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La Asociacin contra la Gestin del Coronavirus tambin pide a la instructora que investigue por un nuevo delito al delegado del Gobierno en Madrid, Jos Manuel Franco, ya imputado por prevaricacin en el procedimiento.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando...

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simn.
Borja Puig de la Bellacasa EFE

La juez del 8-MCarmen Rodrguez-Medel ha recibido en las ltimas horas una solicitud formal de imputacin de Fernando Simn. El abogado Vctor Valladares, en representacin de la Asociacin contra la Gestin del Coronavirus, ha pedido este jueves a la instructora que impute al director del Centro de Coordinacin de Alertas Sanitarias (CCAES) por los delitos de desobediencia y denegacin de auxilio y que solicite los correos electrnicos que se intercambi dicho organismo con el Ministerio de Sanidad antes del estado de alarma.

Adems, la asociacin ha presentado una ampliacin de denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid, Jos Manuel Franco, para que sea investigado por un delito contra las libertades pblicas tipificado en el artculo 514 del Cdigo Penal. Franco, que ya se encuentra imputado en la causa por un delito de prevaricacin, ha sido citado el prximo da 10 en el juzgado.

En la nueva peticin remitida a la magistrada, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la acusacin popular ha pedido que se cite como investigado a Simn por «una flagrante dejacin en sus funciones as como de obligaciones» que han puesto «en peligro la salud pblica, e integridad fsica de todos los espaoles y residentes en Espaa». En concreto, el abogado explica que entre las funciones del organismo que dirige Fernando Simn, dependiente del Ministerio de Sanidad, se encuentra «desarrollar y mantener un sistema rpido de deteccin, comunicacin, evaluacin y respuesta frente a alertas sanitarias».

En concreto, el denunciante destaca las «contradicciones» del mdico sobre «la utilizacin obligatoria de mascarillas, la necesidad de la realizacin de tests serolgicos, la falta de informacin veraz del nmero de fallecidos por coronavirus, la negacin en un principio de un peligro real en Espaa de la existencia del virus, afirmando que habra hechos aislados, y nunca de contagio local, cuando ya contaba con Informes de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) y de la Unin Europea«. Asimismo, el letrado Vctor Valladares destaca que Simn «anim a la asistencia de la marcha feminista del 8M, pese a que el coronavirus en Espaa se encontraba desbocado».

Los mails con Illa

En el escrito remitido al juzgado, el letrado analiza el atestado de la Guardia Civil incorporado a las actuaciones donde se relatan las reuniones que se celebraron en la sede del Ministerio de Sanidad con los representantes de la Iglesia Evanglica a tres das de la celebracin de la marcha del Da de la Mujer. En aquellos encuentros tanto Simn como el ministro de Sanidad Salvador Illa trasmitieron a los religiosos que el congreso que haban convocado «no se poda celebrar de ninguna manera». Sin embargo, el mdico «alent» a acudir al 8-M.

La acusacin subraya que «debido a causas de salud pblica, en diversas reuniones con convocantes de eventos multitudinarios en las fechas objeto de investigacin, Simn manifestaba la imposibilidad de su celebracin, pero por otro no solo es que permitiera, sino que alentaba a acudir a manifestaciones multitudinarias, tales y como la feminista del 8-M, contraviniendo por ello sus funciones y obligaciones contenidas en la Orden Ministerial de 2004», por la que se establece el Sistema de Coordinacin de Alertas y Emergencias de Sanidad y Consumo.

Los denunciantes resaltan el criterio dispar del facultativo a la hora de permitir o prohibir manifestaciones y reuniones multitudinarias en los das previos al decreto del estado de alarma. Valladares destaca «la actitud eminentemente dolosa de Simn con la prohibicin de la celebracin de unas manifestaciones absolutamente cercenadas por informes de la OMS, UE y el propio CCAES y Ministerio de Sanidad con la permisividad de la celebracin de otras, incluso animando a su presencia como ocurri en la manifestacin feminista de Madrid del 8 de marzo».

Entre las diligencias solicitadas por esta parte, junto a la toma de declaracin de Simn como investigado, se solicita que la juez pida » todas las comunicaciones existentes» entre el Ministerio de Sanidad, que capitanea Illa, y el CCAES, acerca de la gestin del coronavirus, desde el 30 de enero de 2020 hasta el 15 de marzo pasado. En su escrito, el abogado adelanta que el objetivo de esta diligencia es acreditar «la existencia o no de requerimiento por parte del Ministerio de Sanidad al CCAES solicitando el auxilio al que viene obligado en virtud de lo dispuesto en la Orden Ministerial y, en el caso de que no existiera, depurar la responsabilidad criminal presunta correspondiente del Ministro del ramo, Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ante el rgano jurisdiccional competente, esto es, la Sala Segunda del Tribunal Supremo».

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